POR LUIS MIGUEL GARCÍA MORA*
Fundación Histórica Tavera (Madrid)
Al autonomismo siempre le caracterizó un espíritu de consenso, propugnador de soluciones alternativas y aceptó cualquier medida positiva para resolver el problema colonial. Un partido de orden, de evolución, pragmático que, como reconocía uno de sus líderes, acudía a la arena política, tras diez años de guerra, a
vencer con la palabra25.
VENCER CON LA PALABRA. LOS PRIMEROS TIEMPOS DEL AUTONOMISMO CUBANO
El Partido Liberal, más tarde denominado Autonomista, se constituyó en agosto de 1878, alentado por el periódico El Triunfo, que, fundado un mes antes, inmediatamente se convirtió en su órgano de expresión. En febrero, el gobernador general Arsenio Martínez Campos había puesto fin a la Guerra de los Diez Años, gracias a un incremento de la acción armada y a un espíritu de conciliación hacia los insurrectos. Esta política condujo a la firma del Pacto del Zanjón, tildado por la historiografía de mera fraseología legal. Evidentemente las aspiraciones de la sociedad civil cubana iban más allá de lo que ofrecía la metrópoli y ahora sabemos que la nueva legislación y su práctica no consiguieron que Cuba permaneciese unida a España. Aún así el modelo colonial que nace en 1878 trajo una ley municipal y provincial basada en el sufragio, creación de partidos políticos y representación en Cortes, derechos de reunión y asociación, ley de imprenta yuna dinámica de elecciones que contribuyeron a la formación y consolidación de una opinión pública. A pesar del criterio restrictivo con el que se llevaba la legislación metropolitana a la colonia, podemos afirmar que la situación que se vivió a la firma del Zanjón, más por el ambiente que propició que por lo meramente pactado, es lo que hizo posible el surgimiento del partido26.
Por ello, no consideramos descabellado señalar que la legislación post-Zanjón, que actuaba sobre unas estructuras socioeconómicas difíciles de integraren el Estado español, contribuyó a crear el clima de opinión favorable a la eclosión de un nacionalismo cubano, quizás cumpliendo un fin contrario para el que se
diseñó. Algo parecido ocurrió a nivel social con la legislación sobre el patronato, que proyectada para prolongar la esclavitud, facilitó su fin27. El autonomismo supo aprovechar las posibilidades que ofrecía el sistema para criticarlo y para conducir la situación hacia una posición más ventajosa para los intereses cuba-
nos. A pesar de todo ello, la salida revolucionaria indica que el modelo colonial no supo, pudo o quiso avanzar a la velocidad que la sociedad civil cubana le exigía.
En mayo de 1896, el general Martínez Campos, lamentándose de no haber practicado una política colonial más idónea, reconocía: «El Convenio del Zanjón no era más que un punto de partida, para ver quien llegaba antes, si España mejorando la administración y el régimen general de la isla, o los separatistas en su propaganda»28. Ese fue el gran reto autonomista: conseguir la mejora del modelo colonial que surge tras el Zanjón.
Uno de los rasgos más característicos del nuevo orden colonial lo constituye el juego de los partidos políticos. Nuestra hipótesis es que sirven para hacerlo viable y canalizar la tensión política dentro de los límites del sistema. No hay duda de que el autonomismo juega ese papel y lo hace en el sentido de afirmar lo cubano y otorgar el mayor grado de libertad e independencia posible a la isla dentro del Estado español.
Pero esta función no se puede entender única y exclusivamente desde la perspectiva colonial y, en contra de lo escrito por distintos historiadores, también representó un nacionalismo moderado, que prefirió afirmar la práctica política constitucional dentro de la soberanía española, posponiendo, pero no renunciando a un futuro en el que Cuba, por la gradual evolución histórica, llegase a ser independiente29.
Por ello, y con esto estamos formulando nuestra segunda hipótesis, no consideramos el autonomismo como antinacional, sino como acabamos de decir, como un nacionalismo moderado, eclipsado por otro de carácter revolucionario que estaba dispuesto a recurrir a cualquier medio para lograr su objetivo. En última instancia el fracaso del modelo colonial español se explica, más que nada, por la divergencia de dos
estructuras económicas, la cubana y la metropolitana, dentro de un mismo Estado.
Esa sería la explicación de base, de tiempo largo, sobre la que actúa la coyuntura de fin de siglo que se entiende también, creemos, por el juego de otros actores, como el Partido Liberal Autonomista30.
A diferencia de movimientos políticos criollos anteriores, como el anexionismo y el reformismo, el autonomismo se constituye como un auténtico partido al cumplir las condiciones que la ciencia política impone para reconocer a una agrupación como tal: canalizar intereses de distintos sectores, aspirar o participar del poder y tener un programa para la sociedad en su conjunto. El partido es una institución integradora y mediadora de la pluralidad y de la conflictividad política que se produce en la sociedad en la que actúa. Su función es encauzar y comunicar al poder las demandas de la sociedad, para que dentro de los mecanismos del Estado pueda ser satisfecha. Los partidos políticos surgen cuando se precisan nuevas
instituciones que ejerzan las funciones de integración y mediación ante el Estado; en los momentos de cambio, de crisis del sistema, para canalizar dicho cambio. Porello, en agosto de 1878 el autonomismo presentó su programa político31.
El programa del autonomismo no surgía ex novo. Llevaba tras de sí toda la tradición política del reformismo colonial. Organizado en tres grandes temas
—cuestión social, política y económica—, condensaba las principales preocupaciones de las elites criollas y concretaba los problemas del momento. Un programa que, en definitiva, reflejaba el más puro sentido liberal (libertad de imprenta, reunión y asociación) y, en último término, la admiración al sistema de autogobierno que el liberalismo británico había instaurado en el Canadá32.
En la cuestión social se trataba, por un lado, de solventar el problema de la esclavitud y, por otro, de señalar con qué tipo de inmigrantes se conformaría la fuerza de trabajo post-abolicionista. En cuanto a lo primero, los autonomistas presentaron una propuesta conservadora, basada en el artículo 21 de la Ley Moret
de (1870), que facultaba al gobierno para presentar un plan de abolición cuando los diputados cubanos fueran admitidos en las Cortes. Pedían una indemnización y no fijaban un plazo concreto para llevarla a término. Para el gobernador general Blanco la actitud autonomista ante la abolición «se agita en continuas dudas y vacilaciones, pues si sus tendencias políticas le impulsan a formular opiniones abolicionistas , en absoluto, los intereses materiales y permanentes de estas provincias, que no pueden desatender, le imponen limitaciones y fórmulas de transacción33. Al año, sin embargo, vencidos los temores del primer momento y empujados por los sectores más progresistas del partido, ya reclamaron la abolición inmediata y sin indemnización, siendo los principales opositores de la Ley de Patronato, aprobada por las Cortes en 1880 y que prolongaba por ocho años la esclavitud34.
Fueron autonomistas los que pretendieron abrir en La Habana una filial de la Sociedad Abolicionista Española, dirigida en Madrid por el político autonomista Rafael María de Labra, y fueron abogados autonomistas los que se preocuparon por asesorar a los patrocinados sobre sus derechos recién adquiridos35.
En la segunda parte de su propuesta social, los autonomistas mostraban su predilección por una inmigración blanca y familiar. Estaba claro que en su modelo de nación excluía a los esclavos y en gran medida, a la población de color y de origen asiático. Ese «blanqueamiento» recordaba mucho a los temores expresado
por Saco, «blanqueamiento» que se completaba con la «educación moral e intelectual del liberto», es decir, aculturación a los patrones de la población blanca.
El liberalismo autonomista era consciente de la dificultad que entrañaba formar un orden constitucional y democrático con el mantenimiento de la esclavitud y de ahí arrancaba su fervor abolicionista. Pero conseguida ésta e integrado el liberto en el «orden blanco», la lucha contra la discriminación racial era un problema que debía resolver la evolución de la sociedad.
En el terreno económico y conscientes del papel que jugaba el azúcar en la economía de la isla, reclamaban el librecambio, proponiendo un desarme arancelario que no tuviera más sentido que el poder mantener las necesidades presupuestarias.
Además demandaban tratados de comercio, principalmente con los Estados Unidos, conocedores de la importancia que había adquirido el mercado norteamericano37.
Finalmente, en el aspecto político, los autonomistas se declararon partidarios del autogobierno bajo la fórmula de «la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional». Se sirvieron de este circunloquio, en palabras de Ricardo del Monte38, para evitar problemas con las autoridades que no querían que se proclamase la autonomía colonial, un objetivo que a lo largo de su existencia como partido iría cobrando forma y con el que se pretendía la participación efectiva de los cubanos en los asuntos que directamente afectaban a la isla. Como en el caso de la abolición, esperaron a conmemorar el primer aniversario del partido para proclamar su credo sin ambages: «pedimos el gobierno del país por el país,
el planteamiento del régimen autonómico como única solución práctica y salvadora39. En su proyecto relegaban el ideal independentista, un objetivo a largo
plazo, por el logro inmediato del afianzamiento del sistema constitucional. Preferían la educación política en el sistema parlamentario que llegar a una república que obtenida por un proceso bélico comprometía un orden no sólo político, sino económico y social. Así afirmaban: «Orden, libertad: esto es todo cuanto necesita
un pueblo, porque estas dos palabras comprenden un sistema político perfecto»40.
Adoptaron, pues, un nacionalismo moderado, más preocupado en profundizar en la práctica del liberalismo que en alcanzar la independencia.
Por último, su programa político reclamaba el cuerpo legal de derechos y deberes que por esas fechas ya disfrutaban en la metrópoli y que en Cuba se aplicaban en un sentido restrictivo. Exigían la homologación de las leyes electoral, municipal y provincial, del Código Penal, de la ley hipotecaria, etc. Además demandaban
la implantación sin limitaciones de las leyes de imprenta, reunión y asociación, las libertades necesarias, irrenunciables para todo partido liberal. En definitiva, los autonomistas buscaban establecer un «Estado en pequeño» dentro de la Monarquía española. Era una opción conservadora frente a la independencia,
pero que gozaba de un fuerte apoyo entre unas elites criollas escarmentadas por la Guerra de los Diez Años y horrorizadas ante la práctica política de las repúblicas latinoamericanas41.
Estas eran las ideas que albergaba el programa del partido tras el que estaban antiguos independentistas, como su presidente José María Gálvez, jóvenes abogados que se habían mantenido al margen de la guerra, como Giberga, Montoro o Cortina, profesionales, muchos de ellos masones, pequeños propietarios, hacendados, más criollos que peninsulares, aunque alguno de ellos, como Pérez de Molina, editor de El Triunfo, resultaran fundamentales en los primeros momentos.
En la reunión inaugural del partido, un grupo de asistentes presentó un programa alternativo, liberal pero de carácter asimilista, proclamándose como Partido Liberal Nacional. Pospuesta la reunión, días después se llegó a una conciliación entre ambos grupos, figurando algunos miembros del Partido Liberal Nacional
en la junta directiva. El 8 de agosto de 1878 quedaba constituido el partido, ratificándose la misma seis meses después42.
A las pocas semanas nacía el partido Unión Constitucional: el partido de los peninsulares, de los grandes propietarios, de los sectores más cercanos al poder y, en cierta medida, de los beneficiarios de la explotación del Estado colonial. Si el autonomismo concebía lo pactado en el Zanjón como el punto de partida de un modelo colonial que se tenía que ensanchar, la Unión Constitucional era la defensor del statu quo, el partido en ultramar de todos los gobiernos de la metrópoli, «ministerial con todos los ministerios». Se configuraba de esta forma un sistema de partidos poco competitivo, con uno dominante, la Unión Constitucional, que contaba con el apoyo de todas las estructuras del Estado, y otro de oposición, el Liberal
Autonomista43. La historiografía ha enfatizado el carácter homogéneo de la Unión Constitucional, cohesión sólo rota en 1893 a consecuencia del proyecto de reformas de Antonio Maura, que propició la creación de una tercera agrupación, el Partido Reformista. Sin embargo, los estudios de Inés Roldán demuestran que desde los primeros tiempos siempre hubo dentro de ésta una tensión entre aquellos sectores con intereses en la economía insular, y por tanto favorables a un reformismo moderado, frente a otros que, vinculados a los negocios que generaba el Estado colonial, defendían a ultranza el mantenimiento del orden de cosas imperante44.
En estos primeros años el autonomismo tuvo dos preocupaciones fundamentales.
La primera era de tipo organizativo. Constituido el partido en La Habana, necesitaba contar con una estructura estable en el resto de la isla. A todo ello ayudaron los mítines de fundación que los distintos miembros de la Junta Central realizaron a lo largo y ancho de ella. En poco tiempo consiguió una vertebración en todo el territorio. En los seis meses que median entre agosto del 1878 y febrero de 1879, cuando una Junta Magna ratificó la fusión con los liberales nacionales, el autonomismo había constituido 6 juntas provinciales, una por cada una de las provincias cubanas, además de 40 locales y comités de barrio. Su presencia era más palpable en el área de La Habana, con 26 juntas, algo lógico dado el peso que zona tenía en el conjunto de la isla. En la región centro-oriental sólo se logró constituir una provincial en Santiago de Cuba, de vida efímera, y otra en Puerto Príncipe. Las provincias de Pinar del Río, con 6 juntas, Matanzas, con 4, y Santa Clara, con 8, tenían una representación acorde a su importancia y población. En
la Junta Magna de abril de 1882 estuvieron representadas, además de la central, 3 provinciales —sólo faltó Puerto Príncipe, ya que en Santiago se designó un representante— 15 juntas locales, 28 juntas de barrio y 68 comités. En total 115 agrupaciones autonomistas, más del doble que tres años antes45.
El autonomismo desplegó una estructura piramidal, en donde las juntas locales dependían de las provinciales y éstas, de la Central, que también era Provincial y Local de La Habana. Para tomar decisiones de relieve o para cubrir las vacantes que surgiesen en el seno de la última, se tendría que convocar, según sus estatutos, una junta magna, a la que podrían asistir todos los miembros de la Central —presidente, vicepresidente y 36 vocales—, tres representantes por cada una de las provinciales y un representante de las locales, todos ellos con voz y voto46.
En teoría, las juntas provinciales y locales disfrutaban de bastante libertad de acción y podrían hacer valer sus derechos. En la práctica, las juntas magnas las fijaba la Central y lo hizo sólo en dos ocasiones, una para ratificar la fusión con los liberales nacionales y otra, en abril de 1882, para discutir sobre la disolución del partido a consecuencia de las dificultades que las autoridades ponían a su propaganda política y por la deportación de Francisco Cepeda, director del semanario autonomista Revista Económica. Pues bien, de los alrededor de 200 representantes, sólo 24 eran de la central y, sin embargo, se aprobaron todas sus propuestas por aclamación. Con anterioridad a la celebración, el gobernador general,
Luis Prendergast, el 25 de febrero le escribe al Ministro de Ultramar que por distintas conversaciones mantenidas con dirigentes autonomistas, sabe a ciencia cierta que el resultado de la Junta Magna será la continuación del partido47.
La segunda preocupación del partido en estos años fue la de concretar su programa político. Sabemos que en julio de 1879, la Junta Central acuerda una comisión para que elabore un plan autonómico48. El manifiesto de fundación, como vimos, había evitado la palabra autonomía. Un año después la proclamó como su objetivo político. Finalmente, en mayo de 1881, desarrolla todo su plan con la publicación en El Triunfo del artículo «Nuestra doctrina», que denunciado al tribunal de imprenta por atentar contra la unidad de la patria fue absuelto, declarándose legal la doctrina autonomista49.
(Continuará)
