LA FUERZA DE LA PALABRA. EL AUTONOMISMO EN CUBA EN EL ÚLTIMO TERCIO. POR LUIS MIGUEL GARCÍA MORA* (Parte I)

Fundación Histórica Tavera (Madrid)
Revista de Indias, 2001, vol. LXI, núm. 223

Hasta hace pocas fechas se carecía de estudios exhaustivos sobre el Partido Liberal Autonomista cubano, situación hoy en día superada. En nuestro artículo proponemos una crítica de la historiografía reciente. A la vez que sugerimos una nueva interpretación que pone de manifiesto el nacionalismo moderado que representó el autonomismo y su papel como una estructura políticabásica y estabilizadora del sistema colonial que surge tras la Paz del Zanjón.

A fines del siglo XVIII, España era una de las grandes potencias coloniales, quizás sólo superada, en poder económico y militar, por Gran Bretaña. Sin embargo, en 1825 el gran imperio en el que «no se ponía el sol», quedaba reducido a las posesiones de Cuba y Puerto Rico, en el Caribe, y las Filipinas y territorios aledaños, en el sudeste asiático. A principios del siglo XIX, España empezaba su transición de imperio a nación, tratando de conservar los restos de sus dominios ultramarinos y de consolidarse como una potencia de segundo orden.

A diferencia de otros territorios americanos, Cuba continuó unida a la metrópoli. Hay un consenso historiográfico a la hora de explicar este hecho. Por un lado influyó la repatriación hacia las islas del Caribe de los ejércitos realistas que abandonaban el continente y facilitaban la defensa del territorio. Por otro, nos
encontramos con la actitud de una burguesía criolla, que cambió libertad política por seguridades económicas. A fines del siglo XVIII, Cuba comenzó a desarrollar una importante industria azucarera, sobre la base del trabajo esclavo. En 1760 exportaba alrededor de 5.000 toneladas, que se convierten en 74.000 en 1823, año en el que Cuba abastecía el 17% de la producción total del azúcar del mundo. Es por ello que las elites criollas cubanas, a diferencia de las del resto de América, no estaban dispuestas a protagonizar ninguna aventura independentista que pusiera en juego el orden social esclavista y las excelentes utilidades que les reportaba el negocio azucarero1.

Aunque el mantenimiento de la esclavitud frenaba la via independentista, las elites criollas desde principio del siglo XIX comenzaron a reclamar una reforma del orden colonial en las que tuvieran una mayor capacidad de decisión sobre los asuntos que afectaban a la isla. Cohesionadas y dirigidas por Francisco de Arango
y Parreño, Consejero de Indias y persona de influencia en la Corte, habían conseguido algunas medidas de favor como el decreto de libre comercio. Sin embargo, en el orden político el proyecto autonómico que elaboró José Agustín Caballero para presentarse a las Cortes de Cádiz no llegó a ser discutido; el de
Félix Varela, planteado a las Cortes del Trienio, sí, pero la restauración absolutista lo convirtió en papel mojado2.

El reformismo colonial será una actitud política constante en Cuba a lo largo de todo el siglo XIX. En este sentido, se pueden distinguir cuatro etapas: 1790-1820, liderada por Arango y Parreño; 1830-1837, vertebrada alrededor de la figura de José Antonio Saco; 1860-1868, representada por Francisco de Frías y Jacott y el periódico El Siglo. Finalmente, entre 1878-1895 asistimos al cuarto y último período, protagonizado por la actividad política del Partido Liberal Autonomista3. Frente a las aspiraciones políticas de las elites criollas, la metrópoli desarrolló un modelo de relación colonial basado en la desconfianza, en donde cualquier concesión a la isla se interpretaba como el primer paso hacia la independencia política. En 1825 y al calor de la emancipación de los territorios continentales, se concede a la máxima autoridad política y militar, el Capitán General, una ley de facultades omnímodas por lo que toda legislación, disposición o decreto estaba condicionada a su aprobación, pasando a controlar hasta los aspectos más nimios de la vida de la sociedad colonial. En 1837, la isla pierde su representación parlamentaria, pretextándose que la relación política entre metrópoli y colonia se regularía a través de leyes especiales, disposición que aparece en todos los textos constitucionales españoles del siglo XIX, pero que en la práctica nunca se concretó4. Así asistimos a la construcción de un Estado liberal en España a dos velocidades,una más rápida para la metrópoli y otra más lenta para el mundo ultramarino, que se consolida como una periferia del sistema. El término periferia se aplica a aquellos grupos sociales marginados del proceso de construcción nacional, marginación no sólo basada en el alejamiento geográfico, sino también en la diferencia étnica, en el desarraigo social, en la incapacidad para acceder a las estructuras del Estado, en la imposibilidad de integrarse en el mercado nacional y en el rechazo del proyecto nacional mismo que gestiona el centro5.

En la década de 1860, agotada la via anexionista por la derrota del Sur en la Guerra de Secesión norteamericana, el reformismo redobló su campaña a favor de la modificación del orden colonial favorecido por el talante conciliador de los gobiernos de los capitanes generales Francisco Serrano (1859-1862) y Domingo Dulce (1862-1866). Aunque los partidos políticos estaban prohibidos, se autoriza la creación de un Círculo Reformista6. En la metrópoli esta idea también se fue abriendo paso. A su regreso de Cuba, el General Serrano pidió en el Senado una profunda modificación del régimen colonial, actitud apoyada desde la isla por un manifiesto firmado por 24.000 personas. También distintos sectores políticos y órganos de prensa, entre los que destacaba La América y la recién fundada Sociedad Abolicionista Española, abogaban por la misma. Las presiones en Cuba y en la península, unidas a los temores que despertaban en el gobierno español la actitud que pudiera tomar Estados Unidos respecto de las Antillas una vez finalizada la Guerra de Secesión, propiciaron la convocatoria de una junta que estudiase la reforma colonial en Cuba y Puerto Rico7.

En noviembre de 1865, Antonio Cánovas del Castillo, en su calidad de Ministro de Ultramar, convocó una Junta de Información como antesala necesaria para desarrollar las leyes especiales tantas veces prometidas. Además de los designados por el gobierno, en Cuba, mediante elección restringida a los mayores
contribuyentes de cada municipio, se eligieron 16 vocales, en su mayoría reformistas, de segunda y tercera generación, como Saco, Frías y Jacott y el antiguo abogado anexionista José Morales Lemus. Como afirmó Vidal Morales y Morales, la convocatoria «fue un rayo de luz que vino a iluminar el oscuro horizonte político
de la colonia»8. Los comisionados acudieron a Madrid a contestar distintos cuestionarios relativos a la reglamentación del trabajo, a la Hacienda colonial, las relaciones comerciales y el régimen político, en donde los criollos se mostraron a favor de un sistema de amplia autonomía, unos con representación en las Cortes, mientras que los antiguos reformistas Saco y Calixto Bernal se decantaban por la erección de un Parlamento colonial. Los representantes antillanos no lograron que ninguna de sus propuestas fueran aceptadas. En su contra jugó la inestabilidad en la política interior de la metrópoli y la estabilidad en la exterior. Aunque la convocatoria la realizó un gobierno de la Unión Liberal, con Cánovas en Ultramar, cuando comenzaron las sesiones, a fines de 1866, los moderados, menos sensibles al espíritu reformista, ocupaban el gobierno. Por otro lado, se habían terminado las aventuras bélicas de Chile y México y devuelto la independencia a Santo Domingo y, frente a lo que se temía, la Guerra de Secesión norteamericana no había tenido gran influencia en Cuba. En otras palabras, la metrópoli podía volver a estacionar el grueso de sus tropas en Cuba y Puerto Rico y la estabilidad en el Caribe hacía innecesaria una política reformista con la que atraerse al elemento criollo.

(Continuará)