Identidad nacional y conflicto: Canarios en Cuba al final de la dominación española de la isla (1898) (Primera Parte)

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Identidad nacional y conflicto: Canarios en Cuba al final de la dominación española de la isla (1898) (Primera Parte)

Por Javier Márquez Quevedo

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Hasta hoy día ha perdurado el mito historiográfico de que los canarios residentes en Cuba fueron excluidos de la nacionalidad española por el artículo IX del Tratado de

Paz con los Estados Unidos del 10 de diciembre de 1898. Una interpretación literal que dejaría marginados a los españoles isleños, de Baleares y Canarias, y a los de Ceuta y Melilla, de poder elegir entre convertirse en cubanos de la República o continuar siendo ciudadanos de la ex-metrópoli. Se ha especulado con que - aunque pudiera tratarse de un lapsus en la redacción del texto – quizás los norteamericanos orientaran el tenor documental hacia sus intereses, para tener mayor capacidad de maniobra en los enclaves de la España no peninsular si llegara el caso. Lo impreciso que aún resultaba la sangría territorial española, con la sospecha de que los ingleses y otros estaban ya a la caza de ciertas posesiones bajo su soberanía, ha ido alimentando esa teoría. El artículo IX se refería a aquellos súbditos españoles naturales de “la Península”, residentes en territorios cuya soberanía España había perdido en virtud del pacto internacional suscrito. Contenía un párrafo que “a la letra” hacía saber que, en el supuesto de que permanecieran en el territorio, podrían conservar su nacionalidad si se hacía una declaración a este propósito, en una oficina de registro y dentro de un año tras el intercambio de las ratificaciones del Tratado. A falta de tal declaración, se habría de considerar que los individuos renunciaron a dicha nacionalidad y habían adoptado la del suelo en el cual residían. Ramón de Dalmau, el marqués de Olivart, erudito español en derecho internacional, había fundamentado la opción de acogerse a la nacionalidad en las disposiciones del código civil español. Consideró que había sido un tributo vergonzoso a los norteamericanos reconocer que los naturales de Cuba habían perdido con el Tratado la ciudadanía española. Cuatro meses habían pasado desde que tuvo lugar la presentación mutua de las sanciones – el 11 de marzo de 1899 – cuando empezaron a surgir “entorpecimientos” de última hora que daban motivo para que a muchos españoles no les resultara sencillo ejercitar su derecho a elegir antes de que expirase el plazo fijado.

El Ministerio de Estado le encargó de real orden al Embajador español en Washington que a la mayor brevedad posible se sirviera ponerse de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para intentar conseguir una declaración de éste, en virtud de la cual se 

especificara claramente cuál sería la oficina local de registro en Cuba ante la que habrían de acudir a inscribir su opción los que la solicitasen. Esas oficinas tendrían que ser la de los consulados de España en las ciudades donde los hubiera. Al propio tiempo, se estipularía que mensualmente – hasta que por fin concluyera el plazo legal para terminar las inscripciones – las autoridades militares de la República Norteamericana en la Antilla remitirían al consulado de España que tuviesen más próximo el listado de todas las inscripciones verificadas durante ese período, haciendo lo propio los cónsules españoles con los estadounidenses. Una vez que se lograse el acuerdo de referencia – y como complemento del mismo – el Embajador quedaba emplazado a dirigir una circular a los agentes consulares de las islas de Cuba y Puerto Rico, con el fin de ponerlo en su conocimiento para los efectos que correspondieran, y además se les encargaría que “por cuantos medios de publicidad se hallasen a su alcance” se pusiera el máximo celo de hacerlo llegar a noticia de los interesados. El embajador en Washington se sujetó a la obligación de ir telegrafiando el resultado de las gestiones paso a paso, con la idea de participarlas a los cónsules del archipiélago filipino, pero también por la notoria importancia que el Gobierno concedió al asunto. Por las mismas fechas, el representante en Madrid de Estados Unidos, Bellamy Storer, requirió ser instruido sobre el estatus de ciertos menores cubanos que estaban residiendo con sus padres en España. Se desconocía si los progenitores de estos jóvenes habían nacido en Cuba o en “la Península”. El Tratado de Paz no establecía tampoco ningún compromiso acerca de la situación de estas personas, ni éstas se hallaban incluidas en una circular del Departamento de Estado de 22 de mayo de 1899, que autorizaba a los diplomáticos y cónsules de los Estados Unidos a proteger temporalmente a los “habitantes” de Cuba. Eran por tanto ciudadanos españoles que anteriormente – durante y desde la insurrección cubana y la guerra hispano-norteamericana – habían residido en España. El propio Cónsul en Barcelona había confirmado que las familias habían repatriado todas sus fortunas en ese tiempo y “no parecía probable que retornaran a Cuba o a los Estados Unidos para residir allí permanentemente”.

Ateniéndose al texto del artículo IX – trascrito, en parte, en un decreto del gobernador militar de Cuba, el general John R. Brooke, de 11 de julio y que versaba sobre el acto de declarar la nacionalidad

 – la Secretaría de Estado y Gobernación de la isla “se había visto en la necesidad de negar la inscripción” en el Registro a los nacidos en las Baleares y Canarias que habían concurrido solicitándolo a esa oficina. La justificación para rechazar la inscripción fue que el criterio no era tan claro con la determinación a tomar. Para el Consulado español las dificultades partieron de una mala voluntad de las autoridades municipales cubanas en el momento de reconocer la nacionalidad española de los isleños emigrados al Caribe. El mencionado artículo autorizaba sólo a los naturales de la Península y, por ende, “parecía a primera vista que únicamente se había querido comprender a los nacidos en la porción geográfica peninsular española, excluyendo con ello a los súbditos españoles naturales de otros territorios a donde alcanzaba la soberanía de la nación”. La polémica estaba pues encima de la mesa, y sorprendentemente no había sido originada por los militares americanos sino por funcionarios cubanos, gracias a un abuso interpretativo. No obstante, el alto empleado a cargo de la Secretaría en La Habana consideraba poco lógico darles ese sentido a los oriundos isleños porque el Tratado de París no se ocupó para nada de la condición nacional de estos súbditos. En la mente de los comisionados de la paz habría estado comprenderlos en la misma denominación de la Península. ¿ A qué había de distinguir entre los españoles nacidos en el Continente de los que no lo eran ? Todo el mundo conocía que Baleares y las Islas Canarias eran provincias con el mismo modelo de organización política que el resto. Era indudable – en opinión de aquellas autoridades – que no hubo intención de negar el derecho de opción a los naturales de esas regiones, ni siquiera a los que habían nacido en las posesiones africanas y que residían en Cuba. Así aparecía bien reflejado en el memorando presentado por los comisarios norteamericanos el 9 de diciembre de 1898. La posibilidad de optar – citada en los puntos 2o y 3o – se negó ex profeso a los nativos de los tres territorios renunciados, eligiéndose la expresión de “naturales de España” a los cuales sí se les otorgaba ese derecho. Otro dato parecía que iba a esclarecer esa confusión. Los comisionados españoles habían protestado un día antes porque no se les concediera a todos, incluidos los nativos de las colonias, con lo cual se entendía que fuera de aquéllas todos los demás habían quedado insertos. La Sección de Estado estimaba que debía consultarse a Washington en esa linea y resolver cuanto antes.

(Continuará- Bibliografía al final del último capítulo)

Nota: Cuando uno lee estas cosas, se da cuenta que la ciudadanía española del cubano la perdió porque EEUU así lo decidió, no fue España, ni se le consultó al cubano, fue una injerencia extranjera y por ende no debe tener valor alguno. J.R.M.