Fundación Histórica Tavera (Madrid)
Revista de Indias, 2001, vol. LXI, núm. 223
(Continuación)
La doctrina autonomista, distingue tres principios: la soberanía de la metrópoli, la representación local y la responsabilidad del gobierno colonial. A cada uno de estos principios le corresponde una institución: a la soberanía de la metrópoli, el Gobierno General; a la representación local, la Diputación Insular y, finalmente, al principio de responsabilidad, el Consejo de Gobierno. El Gobernador, como representante supremo de la metrópoli, es la máxima autoridad política y militar, nombra y cesa a los miembros del Consejo, convoca y disuelve la Diputación, y aprueba sus resoluciones. Esta última se rige por sufragio y tiene capacidad para atender todos los problemas locales y, especialmente, votar un presupuesto insular propio. Por ultimo, el Consejo de Gobierno administra los intereses de toda la isla, y tiene que dar cuentas tanto al Gobernador como a la Diputación Insular.
Los autonomistas reclamaban una constitución basada en el gobierno propio, en la autonomia colonial, esto es, pretendían que el poder central renunciase a algunas de sus atribuciones en favor de la colonia. Siendo, en su argumentación, la mejor manera de lograr una administración justa en unos territorios que distan
miles de kilómetros; era el camino por el que se podían estrechar los lazos con la metrópoli, cambiando el vínculo militar y autoritario, por el moral y político.
La doctrina era clara y estaba probada en otros territorios coloniales como la Argelia francesa y, sobre todo, el Canadá británico. A pesar de la sentencia absolutoria del tribunal de imprenta, las autoridades hicieron ruda oposición a la propaganda autonomista, tanto en Cuba como en la metrópoli. El viaje a la isla del
diputado Portuondo, contratado para levantar unos planos de un futuro ferrocarril, se convirtió en una gira política en donde los distintos gobernadores provinciales impidieron la celebración de reuniones autonomistas y castigaron con pena de cárcel a quienes diesen en público vivas a la autonomía. El diputado tenía la intención de reorganizar las fuerzas liberales autonomistas en Santiago de Cuba, disueltas a consecuencia de la Guerra Chiquita. En la tensión del conflicto se produjo la deportación del periodista Francisco Cepeda –decisión que, confidencialmente, el gobernador Prendergast reconocía que estaba fuera de la ley, pero la tomaba en favor del mantenimiento del orden público. Y, como ya sabemos, la dirección convocó una Junta Magna para decidir la continuidad del partido50.
En la metrópoli tampoco fueron buenos momentos para el desarrollo de la idea autonómica. Pronto, en marzo de 1879, Martínez Campos, el mentor del Zanjón, fue llamado a la presidencia del gobierno, para que personalmente dirigiese la política reformista. Duró hasta diciembre en que regresó Cánovas al poder. Además, frente a la acción de los partidos en las Cortes, se recurrió de nuevo a las juntas de información. Como la de 1866-1867, en 1879 se convocó una nueva junta, con los mismos resultados. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido antes, ahora los representantes antillanos tenían asiento en el Parlamento,
donde plantearían la necesidad de la reforma colonial, obligando al gobierno y oposición a que fijasen su postura ante la misma51. Así consiguieron que los liberales fusionistas se comprometiesen con la política de reformas, pero llegados al gobierno en febrero de 1881, la famosa frase del ministro de ultramar, Fernando León y Castillo, la «autonomía jamás» cercenó las expectativas autonomistas de un triunfo rápido. Portuondo reconocía ante la Junta Central en diciembre de 1881 que el partido se encontraba aislado, nadie aceptaba la idea autonómica y dudaba de que las reformas se llevasen con la intensidad necesaria52.
Proclamar el mensaje autonomista a la metrópoli nunca fue tarea fácil y más en los primeros tiempos, en donde se le consideraba la otra cara del independentismo. De nada había servido su actitud en la Guerra Chiquita; de nada habían valido las elogiosas palabras de Ramón Blanco que los consideró el arma más eficaz en esa contienda: detrás de un autonomista se embozaba un independentista53. Así, con la desaparición de Martínez Campos del gobierno y con un Partido Liberal Fusionista, más preocupado en consolidarse como tal que en emprender una política de reformas, el partido tomó conciencia de que se enfrentaba a una larga campaña.
El primer obstáculo que tenía que superar el Partido Liberal Autonomista era un sistema electoral claramente diseñado para favorecer a la población de origen peninsular. Mientras que en la metrópoli se exigía el pago de 5 pesos por contribución territorial y 10 por subsidio industrial para tener derecho al voto, en Cuba 25, por cualquiera de los dos conceptos. Hay que señalar que el agricultor en Cuba cotizaba un 2% de sus utilidades, mientras que el industrial y el comerciante, casi todos ellos peninsulares, un 16%. En otras palabras, era más fácil para los segundos tener acceso al sufragio. Además, los funcionarios coloniales y los socios de las compañías mercantiles (socios de ocasión) tenían derecho al voto.
Finalmente, el sistema de circunscripciones electorales estaba hecho para que el voto rural se ahogase en las grandes urbes, algo que en la metrópoli no sucedía, ya que la mayoría de los distritos eran rurales. Si a todo esto unimos las coacciones de las autoridades, los copos, las inclusiones y exclusiones de votantes en el
censo, nos explicamos porqué, primero, el censo era muy escaso y, segundo, porqué siempre el triunfo era para la Unión Constitucional54.
Entre 1879 y 1885 se celebraron tres procesos electorales: 1879, 1881 y 1884. Sobre 24 actas de diputados, en los primeros comicios los autonomistas obtuvieron 7, en las segundas 4 y en las terceras, 3. En el Senado ganaron las actas de la Universidad de la Habana y Sociedad Económica de Amigos del País, que siempre fueron suyas, así como la de Puerto Príncipe en las primeras votaciones55.
Los objetivos, de acuerdo a las directrices de la Junta Central eran claros: pedir la abolición de la esclavitud, poner de manifiesto hasta dónde llegaban las intenciones reformistas de los gobiernos metropolitanos y plantear la autonomía colonial56.
La abolición llegó pronto, en 1880, viéndose sustituida por un patronato de ocho años, que los diputados antillanos siguieron impugnando en las sucesivas legislaturas57. Concluido este tema tema, los diputados autonomistas, Portuondo y Labra provocaron un intenso debate (4 febrero a 6 de marzo) con el fin de conocer la opinión del gobierno y de los distintos grupos respecto de la reforma colonial. Pronto comprobaron que para los conservadores ésta se acababa con lo pactado en el Zanjón, mientras los liberales fusionistas hicieron promesas que cuando llegaron al poder no cumplieron. Tras esta primera toma de contacto, los diputados antillanos adquirieron conciencia de que la implantación de las reformas iba a ser un proceso más largo de lo que habían pensado en un principio y que tendrían que dotarse de un entramado organizativo que las sustentase58. En este sentido el partido necesitaba contar con unos mecanismos de propaganda estable, organizar un grupo parlamentario y definir la relación que debía guardar con otros partidos de la metrópoli59.
En el autonomismo, como hemos visto, primero fue el periódico, El Triunfo, y después el partido. En los estatutos del partido se señala que una de las obligaciones de los vocales es sostener económicamente al periódico, que, constituido como sociedad anónima, tiene entre sus principales accionistas y redactores a los líderes de la formación. Dotarse de un órgano de expresión propio era algo fundamental en la vida política de fines del XIX60. A su vez, los constantes mítines del partido y, sobre todo, las fiestas de conmemoración de su fundación, celebradas en la sociedad de recreo la Caridad del Cerro y en donde se hacía balance del año, eran mecanismos óptimos de socialización política y movilización de la opinión pública.
Trasladar el modelo descrito a la metrópoli era algo imposible: no se disponía de la capacidad financiera para ello y, además, la idea autonómica no gozaba de buena prensa. Es por ello que desde un principio sus sostenedores en Madrid, y en particular Labra, reclamaron de la Junta Central medios para mantener una
campaña de prensa. Había dos posibilidades y, las dos, se ensayaron. Por un lado conseguir introducir artículos que defendiesen las soluciones autonómicas en periódicos de Madrid. Era una solución muy difícil.
El diputado José Ramón Betancourt escribía:
«...los conservadores y los esclavistas son aquí de todos los periódicos y muy principalmente de La Época, El Imparcial y La Correspondencia de España, que tienen grandísima circulación [mientras que a los autonomistas] se nos mira como sospechosos [y] los directores de la prensa están acostumbrados a no admitir artículos..., sino por su precio en metálico, o por tabacos»61.
Rafael María de Labra pedía dinero a la Junta Central con el que financiar a la prensa republicana, la única que aceptaba la doctrina autonomista. A su vez el también diputado Gabriel Millet reclamaba cien pesos mensuales, para subvencionar dos o tres periódicos y crear falsas polémicas, pero que permitieran poner
la idea autonómica de relieve62.
La segunda posibilidad consistía en disponer de un órgano de expresión propio. En mayo de 1882 se creaba en Madrid La Tribuna, financiada con dinero antillano para defender, no sólo la autonomía colonial, sino todo el programa democrático republicano de la Revolución de 1868. Según Labra, el tener un
diario en Madrid dedicado en exclusiva al problema colonial, podría traer mas perjuicios que ventajas, y en última instancia, eran los sectores republicanos los únicos que apoyaban a los autonomitas63. La Tribuna tuvo una vida efímera, poco más de un año. Tiraba 3.000 ejemplares y se publicaba 26 veces al mes. Disponía una edición bisemanal para ultramar de 1.900. Consiguió entablar interesantes polémicas en la prensa, en especial con La Época, lo que acercó la doctrina autonómica al lector peninsular. Sin embargo y aunque los diputados antillanos estimaban que era una necesidad, La Tribuna cesó su publicación debido a
problemas políticos y financieros (tenía unos gastos mensuales de 8.900 ptas.).
Aunque desde la Revista de Cuba, publicación que dirigía el autonomista Cortina, se recordaba por esas mismas fechas un viejo texto de Saco reclamando un periódico cubano en Madrid, había muchos miembros en la Junta Central que no estaban de acuerdo en la férrea dirección de Labra, ni en comprometerse con
partidos republicanos64.
La organización del grupo parlamentario era otra de las preocupaciones del partido. Vertebrar las actividades con un océano por medio resultaba difícil. La Junta Central trataba en todo momento controlar la política del grupo en la metrópoli, pero ésta la dictaba Labra, político de oficio y buen conocedor de las entrañas del sistema, quien además, consciente de su importancia, exigía disciplina al grupo, no quería
representantes «que coman bizcochos y se llaman excelencias», sino gente enérgica, combativa y de arraigo en Cuba65. Al mismo tiempo, como líder de la minoría, reclamaba independencia de actuación para sí, llegando a distintos acuerdos de los que informaba directamente a la Junta Central, justificando su actitud por dirigir una minoría carente de medios y aislada66. Finalmente exigía mayor transparencia y comunicación entre La Habana y Madrid67.
Un último aspecto organizativo a tratar, polémico a lo largo de los veinte años de vida del partido, fue la relación del autonomismo con otros grupos políticos de la metrópoli68. Era la práctica política contra la pureza doctrinaria. Labra era consciente de la importancia de que el autonomismo se integrara en grupos republicanos y democráticos de la metrópoli, para ganar peso y facilitar la campaña. Sin embargo, desde La Habana, siempre se defendió que el partido era de carácter local y que sólo acudía al Parlamento a tratar problemas coloniales. Se consideraba que la defensa de la autonomía podría casar bien con cualquier partido peninsular y resultaba peligroso perder el crédito político a favor de los republicanos69. A pesar de las advertencias de Labra que calificaba el localismo como algo funesto y contrario a los intereses nacionales, el partido lo ratificó en la Junta Magna de abril de 1882. La única concesión que hizo fue aceptar que los diputados y senadores que a título particular lo considerasen conveniente, podrían unirse a grupos parlamentarios democráticos, siempre que éstos respetasen la doctrina autonómica70.
(Continuará)
