La España autoritaria de Franco y la Cuba totalitaria de Castro guardan, cómo no, notables diferencias. Entre ellas el enorme desafío de crear sobre las ruinas del castrismo una red institucional administrativa eficiente sobre la cual se asiente el nuevo Estado de derecho, premisa lograda en la España de 1976 al existir, más allá de la intervención estatal, una economía de mercado y los organismos públicos y privados que le daban respaldo, como la banca, los registros de la propiedad, las administraciones y las haciendas locales, etcétera, así como un cuerpo de leyes y de responsabilidad de las administraciones públicas propias de un Estado de derecho, aunque no democrático.
Quiere decir que el grado de transformación que debe emprender un presunto gobierno de transición cubano es, con gran diferencia, muy superior al adoptado en España a partir de 1976, sobre todo porque, al desaparecer el castrismo, desaparecerá el Estado cubano y con ello la transición cubana supondrá “una gigantesca y muy difícil tarea de reconstrucción institucional”, tal y como expresó el sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa en los números 37/38 de la revista Encuentro.
Resumiendo: La enseñanza que para Cuba aporta el modelo español de transición, superado en cierta medida al cabo de treinta años por la dinámica centrífuga de esta sociedad, es que la búsqueda y conformación del consenso político para superar el antiguo régimen, iniciar la transición y adentrarse firmemente en la construcción de un Estado de derecho basado en las libertades, no es labor de un día o de una etapa histórica puntual.
La búsqueda del consenso, sin menoscabo de la diversidad y la convivencia entre partidos de diferente ideología, no se reduce a alcanzarlo a duras penas en un momento histórico en que urge su cristalización, sino que es un activo indispensable para el bien común, los intereses de la nación en su conjunto y la gobernabilidad de una sociedad democrática.
Publicado por Cuba Inglesa
1 comentario:
Curiosamente había en la España del "tardofranquismo" elecciones sindicales (a las que concurrían más o menos abiertamente candidatos de organizaciones ilegales, como Comisiones Obreras), elecciones municipales, donde los cabezas de familia elegían a sus concejales en el Ayuntamiento, e incluso para las Cortes, divididas no en partidos políticos sino en facciones de procuradores procedentes de las elecciones sindicales, alcaldes, rectores de universidad, etc.
Uno se podía asociar, y de hecho la Ley de Asociaciones, que creo que era de 1964, estuvo vigente aún muchos, muchos años después de desaparecido Franco.
Lo que no había eran partidos políticos. Claro que tampoco los había, y eso me consta, en la Atenas Clásica, que se supone el modelo de lo que después se ha llamado "democracia".
Quiero decir con esto que puede haber y de hecho las ha habido, formas de participación democráticas al margen de la sopa de letras de los partidos políticos tradicionales. No son imprescindibles, no son nada democráticos de puertas para adentro, y lo único que han traído a España, en general, han sido gastos increibles, enchufismo, impunidad y corrupción. El sistema es claramente mejorable, y quizá convendría establecer métodos de control del funcionamiento y la economía de los partidos, límites a la impunidad de sus líderes, y quizá, porqué no, una segunda vuelta en las elecciones generales. En otros países funciona bien y aporta una cierta estabilidad al que consiga el Gobierno (Francia, por ejemplo).
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