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2. LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN (1898-1931)
Alfonso XIII (1886-1941) fue proclamado rey en 1902, tras un largo período de regencia de su madre, María Cristina de Habsburgo. Alfonso apenas tenía 16 años, pero los políticos españoles quisieron adelantar su acceso a la Corona, prevista para 1904, como único remedio para poner fin a los caprichos de la impopular regente.
Esta proclamación coincidió con una formidable crisis política, bien visible desde que España perdió sus posesiones de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en 1898.
El deseo de cambio político estaba ya extendido en 1902; la idea era transformar la democracia caciquil en una democracia sincera. Los dos partidos mayoritarios o "dinásticos" (Conservador y Liberal), cada vez tenían más difícil para mantener las viejas prácticas caciquiles, que los "regeneracionistas" habían puesto al descubierto en toda su crudeza. A pesar de este deseo de reformas, el talón de Aquiles de España entre 1902 y 1907 fue la inestabilidad ministerial, con once gobiernos, cinco presididos por conservadores, otros seis por liberales. Con la muerte de Cánovas y de Sagasta, los partidos conservador y liberal habían dejado de ser esas organizaciones jerárquicas y disciplinadas de antaño, y cada vez con mayor frecuencia salían a la luz fracciones y luchas intestinas.
En este contexto, algunos políticos alumbraron la idea de reformar el sistema de la Restauración "desde arriba". Entre los partidos mayoritarios hubo dos figuras excepcionales que, erigiéndose en portavoces del sentir general, intentaron democratizar el régimen "desde dentro": fueron el conservador Antonio Maura y el liberal José Canalejas, aunque ambos fracasaron. El objetivo de uno y otro fue común: convertir al conservador y al liberal en dos partidos de masas apoyados en la opinión pública y no en los intereses de los caciques.
Antonio Maura, presidente del Gobierno entre 1907 y 1909, conservador, impulsó varias reformas con la idea de crear un Estado fuerte, pero aunque patrocinó varias reformas, los resultados no pasaron de modestos. En la idea de purificar el sufragio, el gobierno de Maura aprobó la Ley de Reforma Electoral, que declaraba obligatorio el voto y que igualmente privaba a los ayuntamientos del control sobre las mesas electorales y las juntas del censo. Los ayuntamientos, bajo control de los caciques, eran precisamente los que recontaban los votos y hacían públicos los resultados.
Aún así, el artículo más polémico de la ley fue el 29, que preveía no celebrar elecciones en las circunscripciones en las que sólo hubiera un candidato; si así ocurría, éste pasaba a ser diputado directamente. Aunque las intenciones de Maura fueron probablemente las mejores, semejante práctica (que vista en perspectiva resulta absurda) no mejoró las cosas; más bien tuvo el efecto contrario al previsto, por cuanto la presión caciquil y gubernamental se trasladó del acto de elección al de proclamación de los candidatos oficiales. El candidato molesto era "presionado" para no presentarse, con el resultado de que entre un 15 y un 20 por ciento de los electores se quedaban sin votar. Se calcula que más de una cuarta parte de los diputados fueron elegidos en estas condiciones, bien poco democráticas.
Otro de los proyectos más ambiciosos de Maura fue la Reforma de la Administración Local, que él bautizó como la "ley del descuaje del caciquismo". Esta ley preveía un mayor control del poder central sobre los ayuntamientos (para cortar las alas a los caciques), la posibilidad de que los municipios formaran mancomunidades para su defensa y pretendió sustituir, en las elecciones municipales, el sufragio universal por el voto corporativo, o sea, que los votantes no fueran los individuos, sino las corporaciones radicadas en la localidad.
A pesar de sus firmes creencias conservadoras, tampoco descuidó Maura la legislación social: estableció la inspección del trabajo y los tribunales industriales y creó el Instituto Nacional de Previsión.
Pero a finales de julio de 1909 estalló la Semana Trágica Catalana; se trató de una oleada de disturbios en Barcelona contra el envío de tropas españolas a Marruecos, ya que la resistencia magrebí en Yebala había forzado a Maura a movilizar a los reservistas. Se protestaba además porque los adinerados podían librarse de ir a la guerra pagando una cantidad en metálico.
Los huelguistas llegaron a cortar los transportes urbanos y se quemaron iglesias y conventos. El Ejército reprimió a los sublevados con enorme dureza, y se dictaron diecisiete sentencias de muerte. Víctima propiciatoria fue el pedagogo Francisco Ferrer y Guardia, al que la prensa más conservadora consideró responsable ideológico de los sucesos. Su fusilamiento originó un notable escándalo internacional que desprestigió a España. Toda la oposición, desde los liberales hasta los socialistas, se unieron en el llamado Bloque de Izquierdas, cuyo lema era "Maura no". Agobiado por las críticas y tras perder la confianza del Rey, Maura dimitió. Pero lo hizo de mala gana, acusando a la oposición de haber traicionado el pacto implícito que, desde los tiempos de Cánovas, garantizaba la pacífica alternancia en el poder.
El otro gran regeneracionista que alcanzó el poder fue el liberal José Canalejas, presidente entre 1910 y 1912. Canalejas procedía de la izquierda del Partido Liberal, y estaba muy influido por el "nuevo liberalismo" británico de Asquith y Lloyd George. En consecuencia, para Canalejas era vital la intervención del Estado como agente de la reforma de la sociedad, promoviendo una política activa de educación y ayuda social.
Una vez en el poder, Canalejas reestructuró la financiación municipal para permitir a los ayuntamientos edificar nuevas escuelas, sustituyó el impuesto sobre consumos por otro progresivo sobre la rentas urbanas, hizo obligatoria la incorporación al frente en caso de guerra, sin permitir la redención por dinero, e impulsó ciertas medidas sociales que mejoraban las condiciones de trabajo de los trabajadores, como la reducción de la jornada laboral de los mineros o la legislación que regulaba el trabajo femenino.
Las medidas más polémicas de Canalejas tuvieron que ver con la Iglesia, en la idea de que la institución eclesiástica debía estar subordinada a la autoridad del Estado. En consecuencia, autorizó el culto público de los no católicos, y sobre todo, prohibió el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España (la llamada "Ley del candado"). Esta medida provocó un serio incidente diplomático con Roma, e hizo reaccionar a los sectores más católicos, que protagonizaron grandes manifestaciones contra Canalejas. El presidente no retiró la ley, pero accedió a conceder una moratoria de dos años, algo que, habida cuenta de la inestabilidad del sistema, era tanto como anularla. En noviembre de 1912 Canalejas caía asesinado por un anarquista en pleno centro de Madrid.
Tras la muerte de Canalejas, el sistema de la Restauración inició su declive. Los liberales se dividieron entre los partidarios de Romanones y los de Montero Ríos (luego García Prieto). No mejor fue el panorama entre los conservadores. Maura patrocinó un movimiento católico y monárquico, partidario de conceder autonomía a las comunidades históricas. Es lo que se conoce como el maurismo, que recogió importantes apoyos entre la juventud madrileña de derechas (principalmente el diario El Debate, de Herrera Oria), aunque Maura no supo convertir su movimiento en un partido de masa, como era su intención. Todavía más a la derecha de Maura, Juan de la Cierva coqueteó con lo más reaccionario del Ejército.
No menos intenso fue el debate que generó la guerra mundial en España. Dentro y fuera de la clase política, las posiciones se polarizaron entre "neutralistas" y partidarios de intervenir en la guerra, y entre estos últimos las fuerzas estaban divididas entre "aliadófilos" y "germanófilos". La izquierda fue generalmente partidaria de los aliados, mientras que Alemania encontró sus mejores apoyos entre los mauristas y grupos de extrema derecha, que reclamaban jerarquía y orden.
Carcomidos por estas luchas intestinas, los gobiernos eran cada vez más efímeros y el Rey "corría el turno" con inusitada rapidez. Otro efecto de la división de los partidos dinásticos fue la multiplicación de las clientelas políticas. Las facciones en liza no siempre podían satisfacer las exigencias de los caciques, con lo que el caciquismo dejó de ser un sistema eficaz para la asignación de los diputados hacia 1920. El caciquismo no murió en suma por la acción eficaz de los políticos regeneracionistas, sino por la crisis de los partidos que sostenían el sistema de la Restauración.
Continuará.
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Bibliografia:
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